Despeje: cómo Santos falsea la historia

Santos acusa a Uribe de propiciar despeje y éste responde

Parece que el acto de ayer en el municipio vallecaucano de Pradera tenía un doble fin. De un lado, iniciar la campaña electoral del dúo Santos-Vargas Lleras, con populismo puro y ramplón. Pero, de otro lado, lanzar dardos al ex presidente Uribe, opositor del actual proceso de “paz” con las Farc, dando a entender que tiene doble moral pues mientras exige firmeza frente a los terroristas había autorizado el despeje de Pradera durante su gobierno.

Así lo indicó el presidente Santos al dirigirse a los pobladores del municipio valluno. Empezó señalando que algunos han rumorado que en este proceso con las Farc va a haber despeje, y que podría ser en Pradera. Lo negó y afirmó que “no va a haber despeje en un solo milímetro del territorio nacional”.

Pero no se limitó a eso. Prosiguió sin pausa para agredir a su antecesor en la Casa de Nariño: “Ya la historia se encargará de señalar quiénes lo tenían listo y lo tenían comprometido y por hechos fortuitos, gracias a Dios no sucedió”.

El ex presidente Uribe no tardó en responder el agravio. En su página Web (www.primerocolombia.com) y en su Twitter colgó un comunicado donde reitera que las diligencias para liberar a los secuestrados, durante su gobierno, no afectaron la perseverancia en unos “inamovibles” establecidos para poder dialogar con los terroristas. Da a entender, con ello, que ahora se han variado las reglas, y se acepta conversar sin condiciones.

En concreto, sobre el caso de Pradera, como uno más de los muchos “intentos para liberar secuestrados” Uribe recuerda la gestión: “Facilitadores internacionales nos dijeron que Farc aceptaba encuentro en zona rural de Pradera para liberar secuestrados. Entre nuestras condiciones estaba la ausencia de población civil y el no porte de armas de representantes de Farc. La organización criminal finalmente dijo que no había sido consultada”.

Agrega que esta y otras propuestas provenientes de distintos sectores “se consultaban con el Ministerio de Defensa, cuyas opiniones se respetaban”. Como se sabe, Juan Manuel Santos fue Ministro de Defensa del segundo gobierno de Uribe.

La verdadera historia que Santos distorsiona

Evoquemos hechos ocurridos en el Gobierno anterior. Puede que muchos colombianos los hayan olvidado. Y, sobre todo, evitémosle al residente Santos seguir cayendo en la tentación de hacernos trampa falseando la historia.

Cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia de la República, el 7 de agosto de 2002, las cifras oficiales informaban que en el país había 2.882 secuestrados. La gran mayoría para exigirles un rescate económico y los otros por razones supuestamente políticas. El segundo grupo estaba integrado por miembros de la Fuerza Pública, y dirigentes políticos. En el gobierno de Uribe, las Farc aprovecharon el accidente de un monomotor y secuestraron a 3 ciudadanos norteamericanos que lo tripulaban. También a ellos los declararon “prisioneros políticos”.

En 2002, las Farc vivían un apogeo. Su fuerza militar era incuestionable, luego de tres años de un despeje que les permitió fortalecer sus estructuras armadas y sus contactos políticos en todos los niveles. A pesar de que el proceso del Caguán había terminado, la soberbia de la guerrilla iba in crescendo. Ya no demandaban cinco municipios para hablar de paz, sino la totalidad de dos departamentos: Caquetá y Putumayo.

Las Farc exigían, para hablar con el gobierno sobre la libertad de los secuestrados “políticos”, adelantarse una negociación en un área desmilitarizada, las zonas urbanas y rurales de los municipios de Pradera y Florida en el Valle del Cauca. Esos municipios son geográficamente estratégicos para la guerrilla, pues constituyen en un corredor natural que conecta al sur del país con la salida al océano Pacífico y al sur del departamento del Tolima (región en la que incubó el germen guerrillero de los años 50’s del siglo pasado) con zonas escarpadas, idóneas para la reagrupación guerrillera.

Las Farc necesitaban de una retaguardia natural, lo suficientemente sólida como para permitir la supervivencia durante la fase de implementación y aplicación de la política de Seguridad Democrática. Si de algo estaban seguros los jefes guerrilleros era de que con Álvaro Uribe la cosa iba en serio y que la arremetida militar se iba a sentir de manera profunda y continuada en las filas guerrilleras.

Algunos países de Europa, liderados por Francia, ejercieron una presión muy fuerte sobre el gobierno colombiano para que éste cediera en su determinación de no despejar un solo centímetro de territorio nacional de la presencia de la Fuerza Pública. Políticamente, era imposible que la administración del Presidente Uribe se rindiera ante las demandas internacionales.

La decisión siempre fue la misma: había voluntad política de negociar con la guerrilla un acuerdo humanitario, sin que ello implicara desmilitarización. Álvaro Uribe y su Alto Comisionado Para la Paz, Luis Carlos Restrepo repitieron hasta la saciedad que si las Farc querían sentarse a hablar, el Ejecutivo estaba presto a hacerlo, ya fuera en una sede diplomática o en una Iglesia, en un hotel o en cualquier lugar.

El Gobierno, así mismo, garantizaba la vida e integridad de las personas que la guerrilla designara como negociadores del acuerdo.

En algún punto de las deliberaciones, el presidente Uribe aceptó que los gobiernos de Francia, España y Suiza elaboraran, a través de delegados suyos, una propuesta para avanzar en el objetivo de la liberación de secuestrados.

Luego de algunas semanas de trabajo discreto, los representantes de los 3 países europeos presentaron un documento que planteaba una zona rural de 180 kilómetros cuadrados en la que no hubiera población civil, con la presencia de 40 veedores internacionales de la más alta credibilidad y a en la que no se permitiría el ingreso de guerrilleros armados.

La Casa de Nariño estudió detenida y pormenorizadamente el documento propuesto por los facilitadores y aceptó la propuesta insistiendo en 3 puntos fundamentales, sobre los que no podía haber duda ninguna: la zona del encuentro no podía convertirse en guarida para terroristas armados; los veedores internacionales debían garantizar que no hubiera desmanes por parte de los negociadores de las Farc y que bajo ninguna circunstancia hubiera un solo ciudadano colombiano civil dentro del territorio en cuestión.

A los pocos días de que el Gobierno oficialmente aceptara la propuesta de Francia, Suiza y España, a través de una intervención televisada del Presidente Uribe, las Farc dijeron que ellas no habían sido notificadas formalmente de la misma, razón por la que desecharon la iniciativa internacional.

Nunca Álvaro Uribe ni su Alto Comisionado para la Paz propusieron, o siquiera pensaron en la posibilidad de despejar municipios o territorios colombianos. Cuando se evaluaba el asunto en el interior del Gobierno, se tenía en cuenta la tragedia de los secuestrados, pero también se tenía presente el deber constitucional del Presidente de proteger la vida e integridad de todos los ciudadanos. Por eso no se valoró la opción de retirar a la Fuerza Pública de zonas donde habitaran civiles.

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